Líderes sociales y excombatientes en la Orinoquia: entre presión, miedo y amenazas

Cada uno de estos líderes y lideresas representa un proceso colectivo de gobernanza territorial, en el cual son ellos los representantes de las acciones colectivas, esfuerzos e iniciativas que la gente ha soñado con construir en sus territorios durante generaciones.

Diego Alejandro Hernández Romero

Hoy en día la crisis ocasionada por el COVID-19 es tan grave que ha opacado temporalmente las noticias de los homicidios de líderes sociales y ex guerrilleros reinsertados, que aún a pesar del aislamiento siguen siendo asesinados. Esta es una de las problemáticas que más ha aquejado al país tras la firma del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-EP. Si bien es un fenómeno que se viene presentando en el país de vieja data, en los últimos años ha adquirido una gran relevancia que ha terminado por despertar el interés de la sociedad civil. En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia ha observado que, tras la firma del Acuerdo de Paz, los ataques violentos y asesinatos en contra de este grupo de personas, se ha incrementado sostenidamente. El objetivo de este artículo es dar un panorama de esta problemática en la Orinoquia.

Empecemos por entender y conocer el perfil actual de los líderes sociales, en su mayoría personas clave en comunidades donde normalmente prevalece la ausencia del Estado. En lugar de esto, existe el control de fuerzas ilegales. Estos líderes son personas humildes, con una gran entrega por sus comunidades, que se ubican principalmente en zonas rurales. Son personas capaces de levantar su voz frente a las injusticias; de gestionar conflictos; escuchar y generar las alianzas y complicidades necesarias para construir un tejido social. Cada uno de estos líderes y lideresas representa un proceso colectivo de gobernanza territorial, en el cual son ellos los representantes de las acciones colectivas, esfuerzos e iniciativas que la gente ha soñado con construir en sus territorios durante generaciones. Sus liderazgos radican en su capacidad de reunir las perspectivas generalmente ignoradas en Colombia. Estas voces son la expresión de la diversidad colombiana, no en un sentido folclórico, sino en las diferentes propuestas y visiones que se tienen de lo que debería ser el desarrollo en un Estado de múltiples geografías.

Debido a la dificultad para recolectar información en los lugares donde ocurren estos asesinatos, las cifras presentadas hasta el momento difieren bastante según la organización o grupo que las publique. En este sentido, de acuerdo con los informes de INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) desde el 2017 hasta el 2019, han sido asesinados 45 líderes sociales en los departamentos que constituyen la Orinoquia. Los asesinatos se distribuyen de la siguiente manera: (3) en Casanare, (5) Vichada, (12) Arauca y (25) en el Meta. De igual forma, muchos excombatientes de las FARC también se han convertido en blanco de amenazas, asesinatos y otras formas de violencia por parte de distintos grupos armados. En lo que va del año, han sido asesinados seis excombatientes, en su mayoría ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Por esta razón, se debe poner atención a estos espacios en cuanto a prevención de riesgos que amenacen la vida de los excombatientes. Como ejemplo pueden tomarse los ETCR Filipinas en Arauca, Playa Rica en La Macarena, y el de la Cooperativa y La Guajira/Buenavista en el Meta.

En cuanto a los victimarios, según un informe de INDEPAZ, más del 83 por ciento de los líderes asesinados estaban liderando acciones colectivas por la defensa de recursos naturales ante amenazas como el narcotráfico, la minería y el sabotaje a la restitución de tierras a los campesinos. Es por ello que quienes están detrás de estos asesinatos viven del despojo de tierras, de la explotación de recursos naturales y campesinos. En la Orinoquia más de la mitad de los asesinatos de líderes sociales aún no tienen un victimario claro, lo cual nos debe llevar a replantearnos el papel de la justicia en estos casos. La presencia de disidencias de las antiguas FARC en el Meta, el fortín militar del Ejército Liberal Nacional- ELN en el Arauca, y la presencia generalizada de bandas criminales que se disputan el territorio para actividades de narcotráfico y minería ilegal han recrudecido la guerra en esta región de la Orinoquia.

Por otra parte, una herramienta implementada desde el año 2006 para prevenir el asesinato de líderes en el país es el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Este es un instrumento utilizado por la Defensoría del Pueblo a través del cual ¨recolecta, verifica y analiza información respecto a la situación de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, y advierte a las autoridades sobre el mismo con el fin de brindar una atención oportuna¨. En un informe del 9 de julio de 2019, el SAT emitió un total de 80 Alertas Tempranas de carácter de inminencia para la seguridad de líderes sociales con una focalización a nivel municipal. En este, destaca el riesgo que hoy día corren líderes comunales, campesinos, mujeres, indígenas, ambientalistas, estudiantes y activistas de derechos humanos en el Meta, así como el riesgo de las comunidades indígenas en el Casanare y el peligro de los líderes comunales sindicales, víctimas y funcionarios públicos en Arauca. Cabe destacar que el SAT es actualmente de gran utilidad para prevenir los asesinatos, pero aún se pueden evitar muertes si las alertas tempranas son atendidas de manera inmediata sin que sus contenidos lleguen a ser controversiales. Por lo tanto, es importante considerar la rapidez con que se actúa ante un escenario de riesgo.

Asimismo, la oleada de asesinatos de líderes lleva más de tres años sin poder ser contenida, dejando ver que las medidas tomadas por el Estado han resultado insuficientes. Esto sucede en gran parte por la falta de articulación entre las entidades nacionales y locales, debido a esto es necesario que los mandatarios departamentales y municipales incorporen en su plan de desarrollo políticas de protección para los líderes sociales. Muchos mandatarios locales hasta el momento se han desentendido de estos crímenes, sobre todo con respecto a medidas de prevención, procurando que sea solo el gobierno quien actúe en este caso. En ese sentido, la llegada de los nuevos gobernadores y alcaldes que se posesionaron a principio de año es una buena oportunidad para que el Gobierno Nacional promueva una política pública en materia de defensa de líderes que se implemente desde lo local.

Finalmente, en la solución de esta problemática todos debemos aportar. El gobierno colombiano debe adoptar medidas inmediatas que incrementen la protección colectiva de líderes y lideresas sociales y la puesta en marcha de medidas de protección. Por otro lado, nosotros (la sociedad civil) debemos levantar nuestra voz hasta que haya cambios, hasta que se adopten medidas constatables y efectivas de todas las instituciones que deben trabajar en la protección de nuestros líderes sociales. Nuestras acciones aisladas servirán muy poco, pero si las juntamos, si nos movilizamos masivamente y le damos un respaldo claro a nuestros líderes sociales, las cosas tendrán que cambiar. Quien escuche estas voces entenderá que no existe un solo modelo de país y que estas múltiples geografías no pertenecen a una sola forma de entender el mundo. Cada líder social asesinado es una multitud de visiones de un país que se apaga, pues un territorio sin su líder, es una comunidad vulnerable que se queda sin lo más valioso: una voz que visibilice sus problemáticas.