SER GANADERO EN ARAUCA, TODO UN DESAFÍO

Es necesario entender cómo funciona realmente este sector y cómo puede ser afectado por tres meses de papeleo.

Cielo Navarro García

La reaparición de la fiebre aftosa en Colombia el 24 de junio de 2017 trajo grandes dificultades para el sector pecuario. Estas dificultades se vieron reflejadas a nivel nacional debido al aislamiento de departamentos enteros durante más de un año, en el cual no podían vender animales fuera de estos departamentos a excepción de que fueran guiados directamente a frigoríficos o plantas de sacrificio.

A nivel internacional, las repercusiones llegaron con la suspensión del certificado de país libre de fiebre aftosa con vacunación por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) , lo cual significó trabas para la exportación cárnica del país. A pesar de esto, los ganaderos afectados se mantuvieron a flote mientras la actividad se normalizaba. Parecía que la recuperación del certificado el 5 de febrero del presente año iba a ser una prueba de ello. Pero no lo fue, ya que el 27 de enero de 2020 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió la Resolución 060865, la cual fue percibida por muchos ganaderos de los departamentos fronterizos como una condena progresiva.

Para nadie es un secreto que las decisiones estatales (o de sus instituciones) siempre estarán influenciadas por los organismos internacionales debido a la presión de la comunidad internacional. Por esta razón, las decisiones o recomendaciones de la OIE siempre guiarán al ICA. El ejemplo más reciente de esto es la resolución mencionada anteriormente. Ésta impone nuevas restricciones y controles sobre el transporte de animales bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos y caprinos que sean provenientes de la zona tapón o de protección establecida en la Resolución 2141 de 2009 (departamentos fronterizos con Venezuela). Así se lograría evitar una nueva propagación del virus de fiebre aftosa en el país.

Los controles incluyen una solicitud previa ante el ICA. Para que sea autorizada el predio debe cumplir los siguientes requisitos: el predio de origen de los animales debe ser registrado en una de las oficinas del ICA; los animales deben haber sido vacunados contra la fiebre aftosa; el predio debe registrar esta vacunación al menos durante los cuatro ciclos inmediatamente anteriores; los animales deben ser aislados durante 30 días anteriores al embarque para así observar posibles síntomas (antes de ese aislamiento debieron estar 30 días en un mismo predio). También debe haber un muestreo obligatorio a los animales que serán transportados al menos 28 días después de iniciarse el periodo de aislamiento Y no deben haberse presentado focos de fiebre aftosa durante los últimos tres meses en un radio de diez kilómetros alrededor del predio de origen; entre otras referente al transporte de productos derivados de estas especies y de animales con destino a plantas de sacrificio.

A primera vista estas medidas se podrían tomar por apropiadas, ya que Venezuela es el único país de Latinoamérica que carece del certificado de país libre de fiebre aftosa con o sin vacuna. A pesar de esto, esta resolución no fue tomada como un alivio para los ganaderos, sino como una condena. La realidad es que el Instituto Colombiano Agropecuario presenta grandes carencias al desarrollar sus actividades. Una de ellas es la falta de personal en las oficinas regionales, las cuales siempre se ven colapsadas por ganaderos intentado realizar guías de transporte, solicitud de vacunas, chapetas, etcétera.

Por otra parte, siempre hay un descontento generalizado contra la institución debido a dificultades que podrían considerarse incoherentes frente a los ganaderos y por trámites que vuelven esta actividad costosa y lenta. Todas estas inconformidades se vieron reflejadas en un paro departamental, cuando cientos de ganaderos marcharon el 11 de julio de 2019 en la capital araucana.

Estas preocupaciones e inconformidades del gremio ganadero aumentaron radicalmente con la Resolución. Por esta razón, se realizó una reunión el 17 de febrero del presente año, en la cual no se llegó a ningún acuerdo después de un día de discusión con la gerente nacional de la entidad nacional, Deyanira Barrero.

Actualmente la principal preocupación de los ganaderos araucanos son los retrasos que traerá la Resolución a la comercialización de animales, ya que se estima un promedio de tres meses para poder realizar el proceso de autorización. Esto debido al poco personal del ICA y al hecho de que no hay laboratorio de diagnóstico veterinario que permita estudiar las muestras dentro del departamento. Cabe aclarar que el ICA cuenta con cuatro tipos de laboratorios pecuarios que se clasifican en autorizados y no autorizados. A pesar de esta variedad y del hecho de que es uno de los departamentos más ganaderos del país, Arauca no cuenta con ninguno de estos laboratorios.

Este tiempo también incidirá en los ganaderos del resto del país, quienes preferirán comercializar en lugares con un proceso más ágil y lo que ocasiona una reducción en los precios de productos o de animales fronterizos.

La gran preocupación es que todo esto sea en vano. No resulta del todo claro el origen de los últimos focos de fiebre aftosa que se presentaron en el 2017; existen versiones que apuntan a que se debieron principalmente a la corrupción dentro de las instituciones del ICA y de la Policía Nacional. Desde hace muchos años estas entidades han permitido el flujo de animales de contrabando provenientes de Venezuela por el departamento hacia el resto del país, mediante cupos falsos creados en los registros de vacunación del ICA y sin ser previamente muestreados.

La situación actual es seguir esperando, ya que el ICA no responde a las preocupaciones de los ganaderos (los cuales buscan revocar la resolución). La normatividad no ha empezado a regir, pues el periodo transitorio de 60 días que daba inicio al cumplimiento obligatorio (previsto para el mes de abril), se extendió debido a la pandemia de COVID-19.

Esta coyuntura nuevamente nos recuerda la importancia del sector agropecuario en la economía nacional y en la vida de nuestra población en general. Los ganaderos araucanos esperan llegar a un acuerdo entre el ICA y el Ministerio de Agricultura para que atiendan sus necesidades; direccionen mayores recursos al departamento y entiendan más de cerca cómo funciona este sector y cómo puede llegar a ser afectado por el exceso de trámites y la la burocracia siempre presente.